LA ROMANA – Aunque en República Dominicana existe una la “Ley” de Protección Animal y Tenencia Responsable, que obliga al Estado a recoger los perros realengos, es preocupante que al respete nada se haga para evitar que se múltiple el número de animales realengos por todas partes.
Los casos de rabia animal y humana, que se conocen no solo en la provincia de La Romana, sino en todo el país, han disparado las alarmas. Esta peligrosa enfermedad sigue siendo preocupante ya que se han reportado varios diagnósticos positivos, con personas fallecidas.
Esta preocupante situación cada día crece más en esta ciudad y no es nuevo en República Dominicana. Estos casos de rabia han dejado ver la debilidad en la aplicación de mecanismos de control y prevención para evitar brotes en aumento.
Siempre se ha dicho que el Ministerio de -Salud Pública- trabaja en ara de mantener controlado este problema pero la realidad es que cada día se ve el aumento de perros y gatos silvestres a su suerte, en nuestros espacios públicos.
Un recorrido realizado por ELROMANENSE en distintos sectores de esta provincia, evidencia la gran cantidad de perros realengos en las calles y las autoridades locales han tenido que reconocer que no tienen a manos, un programa de vacunas ni otras alternativas que incluya un métodos para resolver el tema de animales realengos.
La rabia en humanos, afecta el sistema nervioso central y los daños se producen en el funcionamiento del cerebro. Se transmite mediante la mordedura y la saliva que contiene el virus de un huésped infectado o un animal. La enfermedad afecta a todos los mamíferos ubicados en dos grandes nichos ecológicos: aéreo (murciélagos) y terrestre (perros, gatos, mangostas, zorros, hurones, mapaches y lobos).
Según estudios, el 99% de los casos es transmitido por perros domésticos.
El artículo 11 de la “Ley 248-12 de Protección Animal y Tenencia Responsable” explica que la recogida de animales callejeros es obligación del Estado, a través de la Policía Nacional o Policía Municipal y en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, así como los ayuntamientos o juntas municipales.
